“En la madrugada, como a eso de la una de la mañana, llegaron un montón de hombres armados hasta los dientes, dicen que eran hasta 300, y se regaron por el pueblo y montaron toldos en las salidas. Yo ese día tenía que cumplir con el trato de la carne y cuando la llevaba de bajada para el negocio, como a las 6 de la mañana, un lechero me dijo que por ahí andaba gente armada, que no fuera a abrir ese día. En todo caso yo seguí para que no vieran ninguna malicia, llegué a la tienda y ahí estaban dos parados en la puerta de la esquina, entonces me agaché, disimulé y me escondí para que no fueran a verme y luego me volé, no por la carretera sino chupando puro rastrojo”.
Así es como doña Rosmira Bedoya, oriunda del corregimiento El Playón del municipio de Liborina, recuerda el saqueo de hace 10 años y el posterior asesinato de 7 campesinos, a manos de las autodefensas, en las veredas de esta región.
“Llegaron muy de noche y saquearon varias tiendas. Uno de los negocios fue destruido en su totalidad porque no encontraron a la dueña, a quien buscaban de manera insistente”, relató un testigo para el periódico El Colombiano, medio que publicó una nota sobre el hecho el miércoles 13 de mayo de 1998.
“Estuve en Medellín como dos años. Nadie sabía de mí, pensaban que estaba secuestrada o hasta que me habían matado. Por allá no tuve tranquilidad porque la vida mía es el campo, es El Playón, y yo espero que el Estado aquí no nos va a dejar solos, además yo tengo la fe de que esa gente se va a entregar y nos vamos todos a poner a trabajar la tierra para que nos respetemos la vida, que mi dios nunca nos ha dado ese poder de matar por ver caer al otro o por plata; plata para qué, si aquí lo que necesitamos es paz, solidaridad, igualdad”, continúa narrando doña Rosmira, quien a pesar de lo sucedido, se unió con otras víctimas para organizarse y exigir sus derechos a través del Comité Municipal de Reconciliación, instancia que acompaña y asesora la Corporación para la Participación Ciudadana –CONCIUDADANÍA.
Es así como el pasado sábado 7 de junio, en el corregimiento el Playón, se realizó un encuentro con autoridades locales y departamentales, en él se pudieron conocer más detalles sobre las normas y regulaciones que afectan la condición social de las víctimas de los grupos alzados en armas y los beneficios que les conceden los decretos que el Gobierno Nacional ha dictado en materia de Reparación por Vía Administrativa. Este evento surge a partir del trabajo que viene realizando el Comité Municipal de Reconciliación, en el que participa doña Rosmira. “Esta mujer, víctima, lideresa, a partir de lo que ha escuchado y de su participación en diferentes eventos públicos, empieza a interesarse por la cantidad de organizaciones y actores estratégicos que trabajan sobre el tema de la atención en derechos de las víctimas de la violencia y se motiva a invitarlas para que tengan en cuenta a su corregimiento. Se contacta entonces con la OEA y con la Corporación, quienes resolvemos luego llamar también a la Dirección de DDHH de la Gobernación de Antioquia y se organiza este evento con el apoyo del Comité de Reconciliación del municipio”, explica Adriana Rojas, asesora territorial de Conciudadanía.
Así es como doña Rosmira Bedoya, oriunda del corregimiento El Playón del municipio de Liborina, recuerda el saqueo de hace 10 años y el posterior asesinato de 7 campesinos, a manos de las autodefensas, en las veredas de esta región.
“Llegaron muy de noche y saquearon varias tiendas. Uno de los negocios fue destruido en su totalidad porque no encontraron a la dueña, a quien buscaban de manera insistente”, relató un testigo para el periódico El Colombiano, medio que publicó una nota sobre el hecho el miércoles 13 de mayo de 1998.
“Estuve en Medellín como dos años. Nadie sabía de mí, pensaban que estaba secuestrada o hasta que me habían matado. Por allá no tuve tranquilidad porque la vida mía es el campo, es El Playón, y yo espero que el Estado aquí no nos va a dejar solos, además yo tengo la fe de que esa gente se va a entregar y nos vamos todos a poner a trabajar la tierra para que nos respetemos la vida, que mi dios nunca nos ha dado ese poder de matar por ver caer al otro o por plata; plata para qué, si aquí lo que necesitamos es paz, solidaridad, igualdad”, continúa narrando doña Rosmira, quien a pesar de lo sucedido, se unió con otras víctimas para organizarse y exigir sus derechos a través del Comité Municipal de Reconciliación, instancia que acompaña y asesora la Corporación para la Participación Ciudadana –CONCIUDADANÍA.
Es así como el pasado sábado 7 de junio, en el corregimiento el Playón, se realizó un encuentro con autoridades locales y departamentales, en él se pudieron conocer más detalles sobre las normas y regulaciones que afectan la condición social de las víctimas de los grupos alzados en armas y los beneficios que les conceden los decretos que el Gobierno Nacional ha dictado en materia de Reparación por Vía Administrativa. Este evento surge a partir del trabajo que viene realizando el Comité Municipal de Reconciliación, en el que participa doña Rosmira. “Esta mujer, víctima, lideresa, a partir de lo que ha escuchado y de su participación en diferentes eventos públicos, empieza a interesarse por la cantidad de organizaciones y actores estratégicos que trabajan sobre el tema de la atención en derechos de las víctimas de la violencia y se motiva a invitarlas para que tengan en cuenta a su corregimiento. Se contacta entonces con la OEA y con la Corporación, quienes resolvemos luego llamar también a la Dirección de DDHH de la Gobernación de Antioquia y se organiza este evento con el apoyo del Comité de Reconciliación del municipio”, explica Adriana Rojas, asesora territorial de Conciudadanía.
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El Playón y San Diego han sido dos de los corregimientos del municipio de Liborina que más han padecido los golpes de la guerra en el Occidente Antioqueño. El primero, desde los años 80, fue descansadero de la guerrilla, que ejerció el control en la zona hasta la segunda mitad del 90, cuando incursionaron en la región grupos de autodefensa que se enfrentaron con éstos por el control territorial, amedrentando, expulsando y asesinando a los campesinos que eran señalados como colaboradores de la guerrilla. Luego, con el proceso de desmovilización y reinserción del gobierno, más las políticas de seguridad democrática implementadas por el gobierno nacional, la fuerza pública ha hecho presencia en la región con una estación de policía en el centro urbano del corregimiento El Playón, que ha realizado un trabajo de corte más comunitario, y el acompañamiento del comandante de policía de Liborina, quien se ha conmovido con la situación por compartir la condición de ser víctima de la violencia. Y el segundo, cuenta entre sus veredas con dos de la más afectadas y con mayor número de población desplazada en el Occidente Antioqueño, que ha ido retornando en la medida en que las condiciones van cambiando.
Víctimas reclaman presencia y apoyo real del Estado
En mayo de 1998, El Colombiano informaba sobre 145 familias refugiadas en el corregimiento San Diego luego de que un comando de autodefensas diera muerte a siete campesinos e intimidara a la población que habita las veredas Los Sauces y Los Peñoles. El Comité de Reconciliación, por su parte, dice que en los últimos 12 años se pueden haber presentado casi 900 desplazamientos forzados en el Municipio. Pero la verdad es que no hay registros oficiales ni un dato real del número de personas desplazadas. Esto, por una parte, es atribuido a que ninguna entidad estatal ha tramitado la condición de desplazados de quienes reclaman el apoyo del gobierno y, por la otra, a cierto descontento por la ausencia de asistencia social que ha llevado a la gente “a ya no querer nada”, como lo aseguran algunos integrantes del Comité, “ya no quieren participar, no quieren hablar con personeros ni alcaldes, están cansados y hasta molestos de esperar tantos años sin que se les haya mirado”.
A pesar de esta inconformidad, las autoridades locales se encontraron, un década después, cuando se han preocupado por hacerse presenten en los territorios olvidados de esta Antioquia grande, escarpada y diversa, con una audiencia de más de 150 víctimas aglomerados primero en el atrio y luego en el Templo Parroquial La Merced, que rompieron el silencio y van dejando atrás el miedo para compartir públicamente sus historias de vida y exigir la restitución de sus derechos y la reparación por las pérdidas sufridas y los daños ocasionados.
“En estas comunidades tan alejadas falta la mano amiga del Estado, que si bien no hemos solucionado los problemas y consecuencias del conflicto, por lo menos les estamos contando a las víctimas que estamos muchos detrás de la posible solución”, comentó Carlos Vallejo, Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, quien además agregó que “es triste que en un corregimiento como éste hayan tantas víctimas de la violencia, pero también encuentro que muchas personas han vuelto a sus casas y la vida nuevamente se reactiva. Quisiéramos decir que no hay víctimas, que no hay conflicto, pero estamos muy lejos de alcanzar esto”.
Los pobladores de Liborina, por su parte, expresaron ante el gobierno local y la Dirección de DDHH que les interesaba obtener más información sobre el proceso de reparación vía administrativa, saber cómo va el gobierno a compensar los perjuicios de los que fueron víctimas, cómo los van a apoyar y cómo van a garantizar sus derechos, pues esperan que por fin se pase de los dichos a los hechos.
Sin embargo, muchos campesinos que sufrieron pérdidas materiales y daños contra la propiedad y el patrimonio, salieron algo frustrados porque ese tipo de violaciones no están incluidas en el Decreto 1290 de 2008, motivo más para entender que nos falta mucho camino por recorrer en la búsqueda de la reparación, pero que no debe desalentar a la sociedad para continuar marchando, toda junta, hacia la reconciliación.
“El Estado había dedicado mucho tiempo y recursos hacia los victimarios, y hoy por lo menos estamos hablando ya de reparación de víctimas, y como se dice en Antioquia, del ahogado el sombrero”, sopesó el Director de DDHH de la Gobernación Departamental.
Pero no sólo el sombrero, también hay que ver el grado de organización que han logrado las víctimas en Antioquia para visibilizarse y exigir sus derechos, los esfuerzos de organizaciones sociales, no gubernamentales, estatales e internacionales para apoyar y acompañar a las víctimas en la elaboración de sus duelos y la generación de confianzas que permita la reconstrucción del tejido social, la presencia del Estado y la permanencia de la policía que genera en los habitantes una sensación de protección y seguridad.
En fin, son muchos los cambios significativos que se han presentado respecto a las condiciones del conflicto y de quienes lo protagonizaron y lo han padecido, con lo que se va ganando espacio a la guerra y generando condiciones para una vida más digna y en paz, como lo espera Sandra Milena Henao, de El Playón, quien vio a su padre ser asesinado públicamente en la plaza del Corregimiento junto a otros dos vecinos en el año 1997 y que hoy hace un llamado a los violentos para que busquemos mejores formas de ser en sociedad, “porque todos tenemos un corazón capaz de ayudarnos al cambio frente a esas maneras de vivir y de pensar; la vida no es violencia, la vida es la paz, y la paz se consigue desde el corazón de cada uno”, y les dice a las demás víctimas que “traten de olvidar, que nada es imposible, que sus corazones no guarden lo malo y que su experiencia sirva para que todos cambiemos y tratemos de vivir en paz”.
Víctimas reclaman presencia y apoyo real del Estado
En mayo de 1998, El Colombiano informaba sobre 145 familias refugiadas en el corregimiento San Diego luego de que un comando de autodefensas diera muerte a siete campesinos e intimidara a la población que habita las veredas Los Sauces y Los Peñoles. El Comité de Reconciliación, por su parte, dice que en los últimos 12 años se pueden haber presentado casi 900 desplazamientos forzados en el Municipio. Pero la verdad es que no hay registros oficiales ni un dato real del número de personas desplazadas. Esto, por una parte, es atribuido a que ninguna entidad estatal ha tramitado la condición de desplazados de quienes reclaman el apoyo del gobierno y, por la otra, a cierto descontento por la ausencia de asistencia social que ha llevado a la gente “a ya no querer nada”, como lo aseguran algunos integrantes del Comité, “ya no quieren participar, no quieren hablar con personeros ni alcaldes, están cansados y hasta molestos de esperar tantos años sin que se les haya mirado”.
A pesar de esta inconformidad, las autoridades locales se encontraron, un década después, cuando se han preocupado por hacerse presenten en los territorios olvidados de esta Antioquia grande, escarpada y diversa, con una audiencia de más de 150 víctimas aglomerados primero en el atrio y luego en el Templo Parroquial La Merced, que rompieron el silencio y van dejando atrás el miedo para compartir públicamente sus historias de vida y exigir la restitución de sus derechos y la reparación por las pérdidas sufridas y los daños ocasionados.
“En estas comunidades tan alejadas falta la mano amiga del Estado, que si bien no hemos solucionado los problemas y consecuencias del conflicto, por lo menos les estamos contando a las víctimas que estamos muchos detrás de la posible solución”, comentó Carlos Vallejo, Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, quien además agregó que “es triste que en un corregimiento como éste hayan tantas víctimas de la violencia, pero también encuentro que muchas personas han vuelto a sus casas y la vida nuevamente se reactiva. Quisiéramos decir que no hay víctimas, que no hay conflicto, pero estamos muy lejos de alcanzar esto”.
Los pobladores de Liborina, por su parte, expresaron ante el gobierno local y la Dirección de DDHH que les interesaba obtener más información sobre el proceso de reparación vía administrativa, saber cómo va el gobierno a compensar los perjuicios de los que fueron víctimas, cómo los van a apoyar y cómo van a garantizar sus derechos, pues esperan que por fin se pase de los dichos a los hechos.
Sin embargo, muchos campesinos que sufrieron pérdidas materiales y daños contra la propiedad y el patrimonio, salieron algo frustrados porque ese tipo de violaciones no están incluidas en el Decreto 1290 de 2008, motivo más para entender que nos falta mucho camino por recorrer en la búsqueda de la reparación, pero que no debe desalentar a la sociedad para continuar marchando, toda junta, hacia la reconciliación.
“El Estado había dedicado mucho tiempo y recursos hacia los victimarios, y hoy por lo menos estamos hablando ya de reparación de víctimas, y como se dice en Antioquia, del ahogado el sombrero”, sopesó el Director de DDHH de la Gobernación Departamental.
Pero no sólo el sombrero, también hay que ver el grado de organización que han logrado las víctimas en Antioquia para visibilizarse y exigir sus derechos, los esfuerzos de organizaciones sociales, no gubernamentales, estatales e internacionales para apoyar y acompañar a las víctimas en la elaboración de sus duelos y la generación de confianzas que permita la reconstrucción del tejido social, la presencia del Estado y la permanencia de la policía que genera en los habitantes una sensación de protección y seguridad.
En fin, son muchos los cambios significativos que se han presentado respecto a las condiciones del conflicto y de quienes lo protagonizaron y lo han padecido, con lo que se va ganando espacio a la guerra y generando condiciones para una vida más digna y en paz, como lo espera Sandra Milena Henao, de El Playón, quien vio a su padre ser asesinado públicamente en la plaza del Corregimiento junto a otros dos vecinos en el año 1997 y que hoy hace un llamado a los violentos para que busquemos mejores formas de ser en sociedad, “porque todos tenemos un corazón capaz de ayudarnos al cambio frente a esas maneras de vivir y de pensar; la vida no es violencia, la vida es la paz, y la paz se consigue desde el corazón de cada uno”, y les dice a las demás víctimas que “traten de olvidar, que nada es imposible, que sus corazones no guarden lo malo y que su experiencia sirva para que todos cambiemos y tratemos de vivir en paz”.
